1 de octubre de 2014

La democratización de la justicia destruye la República

Por José Edgardo Carballo Sawula. (*)
Abril de 2013.


Hecho público el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional (mensaje 375 presentado el 08 de abril de 2013 al Honorable Congreso Nacional), se advierte claramente el sesgo jacobinista en el modo que ejercer el gobierno la Sra. Presidente de la Nación. Recordemos que el año anterior había exclamado a su séquito "¡Vamos por todo!".

El proyecto de ley demuestra claros "ribetes" rousseaunianos, basado en la voluntad general, sociedad en que cada individuo es sujeto a la soberanía nacional porque entrega todos sus derechos a la comunidad. Ratifican esto las declaraciones de la diputada nacional Diana Conti expresada el 11 de abril de 2013 en las que remató "(...) la mayoría gobierna los tres poderes". Es decir, el bien común por sobre el interés particular. La minoría es reducida a la nada. Esto podría originar concentración de poder por la mayoría circunstancial en una sola mano, tornándolo despótico.

Este sesgo rompe el criterio seguido por los constitucionalistas del año 1853-1860 y 1994, quienes han continuado con las bases filosóficas de la constitución americana, cuya fuente más importante ha sido El Federalista de Hamilton, Madison y Jay, que han dado instituciones que lo han llevado a su innegable éxito. Sin más, se han creado mecanismos para controlar, limitar y preservar el gobierno democrático en resguardo de los derechos individuales de las minorías.

Estos mecanismos han llevado a adoptar un Poder Judicial como cuerpo intermedio, cuya finalidad es mantener a la Legislatura dentro de los límites asignados por la Constitución a su autoridad. Esta facultad del Poder Judicial para nada significa superioridad por sobre los otros poderes, solo su exacto balanceo para el funcionamiento de la República.

Por tal razón es un poder contrafáctico, es decir, no democrático, en el más puro de los conceptos, pues los integrantes del consejo de la Magistratura, de acuerdo con el artículo 114 de la Constitución Nacional (Poder Ejecutivo y Legislativo) ya son electos en elecciones libres y "populares". Con esos parámetros, el proyecto presentado establece el incremento del número de los integrantes del Consejo de la Magistratura de trece a diecinueve. En cuanto a su exposición de motivos, se recurre a sofismas como terminar con la administración del poder Judicial limitado solo a los abogados, que no tiene explicación racional, salvo argumentos populistas. Alegan que se incluirán en el Consejo representantes de otras ciencias, también falso, pues el Poder Judicial trabaja con cuerpos interdisciplinarios. Los que ejercemos y los justiciables podemos dar testimonio de ello.

Ahora, lo crucial del proyecto radica en la facultad del Consejo de la Magistratura de sancionar a cualquier juez con la simple mayoría, ["(...) Las decisiones deberán adoptarse con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes (...)" (sic)], es decir de los diecinueve. Si están presentes solo seis miembros, ya pueden sancionar a un Juez (se lo suspende). Esto de ser ley conduce a la absoluta sumisión del Magistrado a los designios de la Presidente de la Nación, pues de emitir un fallo que no sea a la medida del Poder Ejecutivo en turno, podría correr serio riesgo de ser sancionado con suma facilidad. Recuerdo causas en que el Ejecutivo Nacional viene dando batalla como causa Clarín. Pero, ¿qué va a pasar con los doscientos mil jubilados que esperan una sentencia justa y la efectivización de las sentencias?

Otra crítica al proyecto de ley es que politiza a la Justicia, pues las elecciones de los miembros del Consejo de la Magistratura se llevará a cabo en forma simultánea con la de los legisladores nacionales mediante partidos políticos, e incluso sus precandidaturas. Los que pretendan ocupar el cargo de miembros del Consejo de la Magistratura deberán salir a las calles a buscar adeptos, con el consabido sistema prebendarlo que impera en nuestro pais, llevando mercaderías, ofreciendo favores, etc., es decir, la Justicia ya tendrá "bandería política". Quien diga lo contrario, que lo demuestre.

El Poder Judicial encuentra legitimidad en cientificidad y técnica, por lo que necesariamente debe ser un poder despolitizado. La política debe estar en los otros poderes.

Con sofismas se pretende justificar el proyecto de ley, usando palabras que los que creemos en la libertad podemos incurrir en confusión, tales como "el Consejo de la Magistratura debe representar la fiel voluntad popular" (sic).

Dijimos que este poder contrafáctico, está diseñado para controlar a los otros dos poderes. El Poder Judicial es el último refugio del individuo cuando sus derechos son vulnerados, ya por otro individuo, ya por el propio Estado. Además, ejerce el control de constitucionalidad de las leyes.

El Poder Judicial padece de serios problemas, nadie los niega, menos los abogados en ejercicio y los justiciables.

Todo está escrito. Lo que debe hacerse es cumplir con la Constitución Nacional y las leyes dictadas en consecuencia. Estamos obligados a defender nuestra Patria, NO debe permitirse que nos confundan con discursos que ocultan otros objetivos miserables, que seguramente pondrán en zozobra el funcionamiento de la República, e iremos perdiendo la lucha por nuestros derechos a la propiedad privada, libertades individuales y el derecho al progreso.

El Poder Judicial padece de serios problemas que los abogados en ejercicio sabemos, y en consecuencia los justiciables.

El país necesita que el Poder Judicial que se mantenga imparcial e independiente, garantizando el sistema representativo, republicano y federal, lo que asegura la independencia e imparcialidad de los jueces. La solución no está en el proyecto de ley que intenta el Ejecutivo Nacional. El proyecto de ley incuba el germen de la destrucción de la República y el nacimiento del despotismo.


(*) José Edgardo Carvallo Sawula.
Abogado del Foro de Corrientes.

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